Las I+D+i en el modelo de producción capitalista.
Informe Horacio sobre políticas científicas y tecnológicas en España
Borrador para el debate. Primera sesión. Marco general y regional.
Sección de Ciencia y Tecnología / Sección de Filosofía
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MARCO GENERAL

En nuestro presente, la ciencia y la tecnología desempeñan un papel central. No sólo en el ámbito económico, en la producción y distribución de bienes y servicios, sino también en nuestras actividades más cotidianas. Por ello, los gobiernos no pueden mantenerse al margen de la gestión de la ciencia y la tecnología, y los organismos públicos se ven obligados a elaborar políticas científicas y tecnológicas, habitualmente presentadas como “políticas de I+D+i” (esto es, investigación, desarrollo e innovación). La Unión Europea, España, e incluso el Principado de Asturias han desarrollado y puesto en marcha distintos planes de I+D+i, siguiendo una pauta común independientemente de la escala de aplicación, o de la supuesta orientación del partido político que gobernase. Estos modelos de gestión de la ciencia y la tecnología, que a día de hoy están en marcha, no son neutros, sino que tienen graves consecuencias políticas, económicas, sociales y medioambientales.

Las políticas científicas vigentes a escala europea, estatal y regional, están plenamente integradas en el capitalismo actual: fenómenos como la Globalización, por ejemplo, serían imposibles al margen de las nuevas tecnologías; pero, a su vez, el modelo capitalista, supuesto abanderado de la libertad y la iniciativa espontánea, no puede sostenerse sin controlar e integrar las tecnologías que lo posibilitan. En este marco, los vigentes planes de I+D+i, y los organismos que se encargan de ejecutarlos, responden a los dictados de la economía capitalista. En España, como en el resto de estados de la Unión Europea, las principales inversiones en ciencia y tecnología proceden del sector privado, y las premisas que orientan la investigación y la innovación son la competitividad empresarial, la rentabilidad económica y el beneficio de los inversores; nunca el bien común, o la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

La administración intenta inculcar a los ciudadanos que el desarrollo científico y tecnológico produce un beneficio universal, común a todos. Pero, en realidad, la investigación científica y la innovación tecnológica responden a los intereses de quienes las financian y explotan. Concretamente:

1- Se hurta del disfrute de los desarrollos tecnológicos plenos al común de los ciudadanos, siempre sujeto a las estrategias de mercado de las empresas "innovadoras" que poseen la capacidad de dirigirlo. Por ejemplo, no se puede afirmar que un medicamento contra el SIDA vaya en beneficio de toda la humanidad, cuando una patente impide su aprovechamiento a millones de personas a la vez que enriquece desmesuradamente a los propietarios de una empresa farmacéutica.

2- Los trabajadores que desarrollan las "innovaciones" son despojados de su propiedad intelectual, (del mismo modo que, en el marxismo clásico, se entiende que el obrero al vender su fuerza de trabajo siempre obtiene un precio inferior a su valor real); a la vez que son convencidos ideológicamente de que su trabajo es el mas digno que puede desempeñar un ser humano, por ser “trabajo intelectual”.

Para constatar lo dicho en primer lugar, sólo hay que consultar los planes del Ministerio de Educación y Ciencia, la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, o de los distintos organismos encargados de delinear las políticas de I+D+i:

A nivel nacional, el ENCYT (1) establece como principios “promover un tejido empresarial altamente competitivo” o “hacer de la I+D+i un factor de mejora de la competitividad empresarial”. Según este documento, “las empresas deben involucrarse de pleno en los procesos de innovación […] liderando y participando de forma activa en la demanda de nuevos desarrollos científico-técnicos que sean capaces de darles nuevas ventajas en el mercado”. Cierto es que en el documento se contempla también “poner la I+D+i a servicio de la ciudadanía, del bienestar social y del desarrollo sostenible”. Pero, como bien sabemos los comunistas al menos desde que Carlos Marx formulara su célebre teoría de la lucha de clases, el beneficio empresarial y los intereses de los ciudadanos no convergen, sino que están en conflicto. Casos como el que denuncia el premio Nobel de medicina Michael J. Roberts ilustran la cuestión: “En algunos casos, los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad […] pero esa investigación, de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento. Pues es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación para cronificar dolencias con medicamentos mucho más rentables que los que curan del todo. La medicina que cura del todo no es rentable y por eso no investigan en ella”. ¿Cómo conciliar aquí los intereses de la empresa y los del ciudadano? ¿Cómo tolerar que la investigación, el desarrollo y la innovación orientados desde la política pública se supediten a los intereses de las empresas?

Los datos cuantitativos, los números, las estadísticas, tampoco avalan la labor del actual gobierno: más de la mitad del gasto en I+D+i en España está financiado por la empresa privada, con los resultados que cabe imaginar, dado que las empresas invierten para obtener rentabilidad. Pero las investigaciones realizadas con dinero público tampoco responden a las expectativas que cabría exigir: según datos del MEC (2), el 20% se destina a productividad y tecnología industriales, es decir, a satisfacer las demandas directas de las empresas privadas; el 16’6% a Defensa, y el 18’3% a la investigación universitaria, en gran medida supeditada a proyectos de colaboración con empresas; sólo el 10’3% se invierte en protección y promoción de la salud humana, y un 3’7% a la protección y control del medio ambiente. Esto sin tener en cuenta las cuantiosas subvenciones a empresas para proyectos de I+D+i, y las desgravaciones fiscales por este mismo concepto, que pueden llegar al 50%.

MARCO REGIONAL

En el ámbito regional, el PCTI (3) asume y desarrolla los principios consagrados a escala nacional y europea. Tal y como queda establecido en los objetivos, “el PCTI trata de responder racionalmente a las necesidades empresariales, inspirándose en la idea de que son las empresas las que deben identificar los problemas y necesidades a resolver por el Plan”. El objetivo no se queda en el plano ideal, pues una parte importante de quienes contribuyeron a su elaboración y redacción son empresarios o representantes de empresas. La cuestión de fondo es la siguiente: el conocimiento científico y las innovaciones tecnológicas son considerados, meramente, como activos económicos, cuyo valor depende sólo de su capacidad de aumentar la rentabilidad y la competitividad de las empresas. Así, la “racionalidad” de la que se presume en el PCTI no es otra que la racionalidad del mercado, la racionalidad empresarial que consagra como valores absolutos el beneficio monetario y la rentabilidad. De este modo, gestionar la producción científico-tecnológica no es otra cosa que evaluar su posible impacto en la mejora económica de un determinado sector empresarial privado. Desde esta perspectiva, sería más “racional”, volviendo al ejemplo anterior, un medicamento que cronifica que otro que cura, mucho menos rentable. Y, del mismo modo, dado que los agentes económicos principales son las empresas privadas, también es más “racional” que sean los empresarios, a quienes nadie ha elegido, los que elaboren y dirijan las políticas públicas, supuestamente democráticas, de acuerdo con sus intereses y fines particulares.

Cierto es que, entre las decenas de empresarios que figuran en la elaboración del Plan, encontramos a dos representantes sindicales, y a varios miembros de la Universidad de Oviedo, denominada en el PCTI, por cierto, “la primera empresa de Asturias”. ¿Qué produce, según nuestros gobernantes, la ilustre Universidad? Además de recursos científicos y tecnológicos que incorporar al proceso de innovación, la Universidad también produce “recursos humanos”; no ya trabajadores, ni científicos, sino meros recursos, cuya actividad, lejos de pretenderse libre, debe estar supeditada también a las necesidades de las empresas. El producto de la “nueva educación” adaptada a esta “economía del conocimiento” es un sujeto que debe estar abierto a cualquier posible transformación en sus condiciones laborales y vitales, adquiriendo constantemente nuevos conocimientos para poder responder a las demandas laborales de un contexto siempre cambiante, caracterizado por la innovación. Lo que pudiera ser visto como un camino de autorrealización personal, de aprendizaje constante, de posibilidades laborales abiertas, frente al obrero tradicional anclado a su trabajo especializado, no es más que un espejismo ideológico que encubre la anulación del sujeto. Pues lo que se exige no es, ni más ni menos, que la completa adaptación a las imposiciones del empresario: movilidad, flexibilidad, y demás palabras biensonantes que encubren precariedad, inestabilidad e inseguridad constantes. Otro de los objetivos del PCTI es “atraer y retener recursos humanos que respondan a las necesidades de la sociedad del conocimiento y de las empresas asturianas”; lo cual, más allá incluso del siniestro lenguaje que reduce al hombre a la condición de “recurso que se atrae y retiene” en función de necesidades empresariales, supone que, como no existe el pleno empleo, ha de producirse un proceso contrario de expulsión y exclusión de todos aquéllos que no respondan al perfil demandado por las empresas en su constante afán de lucro privado.

La ejecución del PCTI, encarnada en el IDEPA (4), responde a lo planteado en su formulación: el dinero público, en vez de invertirse en investigaciones e innovaciones tendentes a la consecución del bien común, se desvía a manos privadas mediante cuantiosas subvenciones y desgravaciones fiscales a proyectos de I+D+i que sólo redundarán en beneficio de quien los lleva a cabo. El panorama de las empresas de nuevas tecnologías no es más alentador: las empresas de tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, por las que el Gobierno del Principado de Asturias apuesta como nuevo modelo de industria tras la desoladora reconversión, se aprovechan del desmesurado apoyo prestado por los organismos públicos para amasar fortunas cimentadas sobre las subvenciones que salen del bolsillo de los mismos que son explotados en sus centros de trabajo.

En resumen, la política de innovación se sustenta en dos justificaciones ideológicas para subvencionar a las empresas que la adopten:

1.- Los nuevos productos son mejores económicamente y mejoran el nivel de vida de los ciudadanos.

2.- El trabajo de desarrollar estos productos es un trabajo digno y satisfactorio.

Podemos decir que la realidad es la contraria:

1.- Los nuevos productos están diseñados para beneficiar a quien los desarrolla y vende. Además, la salida al mercado de los nuevos productos está controlada de tal manera que su propietario obtenga el máximo beneficio posible, independientemente de las necesidades de los ciudadanos.

2.- Los trabajadores implicados en el modelo de I+D+i están tan alienados como los trabajadores industriales tradicionales, e incluso más aún.

En el planteamiento y la gestión de las políticas científicas y tecnológicas, como en tantos otros ámbitos, no existen diferencias significativas entre los grandes partidos. En gran medida, porque las directrices emanan de la Unión Europea, y deben ser asumidas al margen de la voluntad de los ciudadanos de cada nación. PP, PSOE e IU no han planteado alternativa alguna a los problemas aquí señalados en sus programas electorales. Tímidas reivindicaciones ecologistas no son suficientes, pues, aunque necesarias, no abordan el problema de fondo, que es en última instancia el problema generado por el modelo económico que infecta cada uno de los espacios de la vida pública y política. Tampoco el rechazo de la ciencia y la tecnología es una posición coherente, pues supondría rechazar las inconmensurables posibilidades de mejora que el desarrollo científico y tecnológico ofrece al ser humano, y abocarlo a una vuelta a sus tiempos más oscuros.

Así, es necesario promover una política científica desde los principios que orientan la actividad del Partido Comunista. No caben soluciones definitivas a un problema abierto que, además, presenta múltiples facetas. Pero sí, al menos, plantear algunas propuestas que sirvan como punto de partida.

En el aspecto general:

1.- Promover el fomento de la empresa pública, frente al irracional trasvase de fondos públicos a manos privadas que suponen las cuantiosas subvenciones. Éste es el único modo de recuperar el control público sobre la producción (no sólo en el ámbito de la ciencia y la tecnología), y devolver al ciudadano al centro de la vida económica y política.

2.- Asegurar la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto de los proyectos de investigación científica e innovación tecnológica, para hacer posible una gestión democrática real. Entre todos debemos idear métodos de participación y luchar por su puesta en marcha.

En cuestiones particulares:

3.- El control exhaustivo de las subvenciones y créditos otorgados, exigiendo a las empresas beneficiarias la erradicación de la precariedad entre sus empleados.

4.- En el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el uso de software libre en los espacios públicos (educativos, culturales, etc.) para evitar el clientelismo del usuario hacia las grandes empresas del sector, como Microsoft y su Windows.

 

Notas

(1) Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, elaborada por una Comisión Interministerial en 2007, donde se establecen las líneas fundamentales del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que, de continuar el actual gobierno se desarrollaría entre 2008 y 2015.

(2) Ministerio de Educación y Ciencia

(3) Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, promovido por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, de ejecución en el período 2006-2009.

(4) Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, Ente Público, dependiente de la Administración regional asturiana, que tiene por misión favorecer el crecimiento económico y generar empleo en la comunidad autónoma, mediante el apoyo y dinamización de la actividad empresarial.